Colombia no sale de la trampa de la deuda

Esta trampa condiciona profundamente la capacidad de gasto de los gobiernos, tanto en cuánto pueden gastar como en qué pueden gastar.

*Notas a partir de la intervención de Miguel Ángel Rodriguez, director de investigaciones de Cedetrabajo, en el seminario web “la deuda pública en Colombia y sus impactos sociales, fiscales y climáticos», organizado por Latindadd el 29 de abril de 2026.

Buenos días a todos y todas. En primer lugar, agradezco la invitación y la posibilidad de participar en este espacio sobre un tema tan importante como la deuda, que afectará no solo a Colombia sino a toda la región en los próximos años, especialmente a las clases populares.

Quiero destacar también el informe desarrollado por Soledad Betancur (IPC). Es un trabajo valioso, que debería ser revisado, estudiado y divulgado, porque explica de manera clara y sencilla, a través del caso colombiano, la relación entre la arquitectura financiera internacional, el modelo económico de nuestros países y la trampa de la deuda. Esta trampa condiciona profundamente la capacidad de gasto de los gobiernos, tanto en cuánto pueden gastar como en qué pueden gastar.

Me centraré en algunos comentarios adicionales en esa misma línea, enfocados en el contexto en el que estamos viviendo esta realidad: un endeudamiento creciente, mayores intereses y las perspectivas para Colombia y la región.

Para comenzar, es clave entender el contexto internacional actual, que condiciona variables como la deuda, la inflación y las tasas de cambio. Hoy, este contexto está marcado por la nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos, presentada por Donald Trump en diciembre de 2025. Esta estrategia introduce varios cambios importantes. Primero, Estados Unidos reconoce a China como su principal competidor global en lo comercial y tecnológico. Segundo, redefine el papel de Europa, debilitando la relación tradicional y frenando la expansión de la OTAN. Tercero, frente a Rusia, plantea una lógica de estabilidad estratégica en lugar de un conflicto existencial.

En América Latina, la estrategia busca fortalecer el control sobre la región para acceder a sus recursos naturales y consolidar su influencia política, promoviendo gobiernos alineados con sus intereses.

Algunos hechos recientes reflejan estos cambios. El primero es el secuestro de Nicolás Maduro, que tiene una característica importante y es que el objetivo explícito de esa intervención fue cambiar a un gobierno por otro dócil para controlar los recursos de Venezuela. Y el segundo hecho importante es la agresión sobre Irán, que muchos analistas internacionales califican como una equivocación porque Estados Unidos no ha logrado ninguno de sus objetivos. Ha justificado a lo largo de los últimos 2 meses de forma distinta el por qué se hizo la agresión sobre Irán con Israel y no logró cambiar el gobierno, no destruyó la capacidad militar de Irán, no ha logrado detener los planes de enriquecimiento de uranio, no logró desarticular la relación entre el gobierno iraní. En general no ha logrado cumplir con sus objetivos y lo que tenemos actualmente es que está bloqueado el estrecho de Ormuz, que es un canal de comercio internacional por donde transita el 20% del petróleo, el 25% del gas, buena parte de insumos para la industria alimenticia, todo lo que son insumos agrícolas, fertilizantes, también se mueve una buena parte de los productos farmacéuticos.

En este contexto, el Fondo Monetario Internacional ha advertido sobre un escenario de alta vulnerabilidad global. La deuda pública mundial alcanzó el 94% del PIB global en 2025 y podría superar el 100% en 2029. En escenarios de mayor riesgo, podría llegar incluso al 130% o 140%.

Además, ha desaparecido el margen fiscal necesario para poder estabilizar la deuda, que estaba en 1,2% del PIB y ahora está en 0%. Es decir, que los gobiernos ya se quedaron sin margen de error ante nuevos choques, por lo cual preocupa mucho lo que está pasando en Medio Oriente por sus impactos en las cadenas globales de suministro y de valor. Los pagos de intereses globales se han disparado del 2% al 3% del PIB mundial en solo cuatro años, debido a que los países están refinanciando deudas antiguas con las tasas de interés más altas de las últimas décadas.

Para países emisores con una baja calificación como lo es Colombia, el plazo promedio del vencimiento de la deuda ha caído drásticamente. Se ha reducido de 16 a 8 años en promedio, lo que va a obligar a refinanciar con mayor frecuencia ese endeudamiento en condiciones de mercado inciertas que yo diría van a ser mucho más restrictivas y dependerán de lo que pase con estos conflictos internacionales

También hay un deterioro en la confianza e inversión de países emergentes como Colombia porque tienen unas debilidades estructurales y hay bastantes alertas sobre la ampliación del déficit y el aumento de la deuda que ya lo veníamos. En Colombia mantenemos un nivel de endeudamiento del 63% que es bastante alto frente a lo que se traía tradicionalmente.

Hay otros riesgos geopolíticos que nosotros debemos considerar cuando hablamos de planear el manejo de las finanzas públicas. Hay alertas sobre una posible burbuja financiera frente a las empresas estadounidenses de inteligencia artificial.

Estamos pasando a un mundo en el que incluso se están violando las normas de los acuerdos comerciales, la Organización Mundial del Comercio está estancada, entre otros elementos, y muchos países están recurriendo cada vez más a medidas proteccionistas.

En el tema fiscal, me gustaría señalar un elemento y es que América Latina y Colombia recaudan poco, recaudan mal y están llenos de fugas. Por ejemplo para el caso de Colombia estamos alrededor del 15% del PIB en recaudo, que es un nivel muy bajo frente a lo que recaudan, por ejemplo, los países que están en la OCDE o las economías más desarrolladas.

Recaudamos mal porque nuestro recaudo se hace con base en impuestos regresivos. Fundamentalmente el 50% del recaudo en Colombia se hace sobre la base del IVA y de otros impuestos indirectos que gravan a las personas independientemente de su nivel de riqueza. Luego reproducen la desigualdad. El otro 50% proviene de impuestos directos, que son impuestos progresivos, pero están llenos de beneficios tributarios que profundizan la regresividad del sistema tributario. La última comisión de expertos en beneficios tributarios que se hizo en Colombia caracterizó al sistema tributario colombiano como un sistema disfuncional y recordemos que para el caso colombiano, que somos uno de los países más desiguales del mundo, el índice de Gini antes y después de impuestos casi que no cambia lo cual muestra que el sistema tenemos un sistema tributario que no cumple su función que es la de redistribuir la riqueza.

Colombia viene de 30 años de neoliberalismo que han implicado una pérdida en la generación de riqueza y de valor agregado de la economía colombiana: el crecimiento económico anual en Colombia antes de la pandemia tenía un promedio de 3,5% y hoy en día es del 1,7%. Este proceso ha implicado la reprimarización, es decir que nos hayamos concentrado en la exportación de materias primas del agro y minería con baja transformación. También el proceso de desindustrialización, Colombia ha pasado de una participación antes de los 90 del 23% de la industria en el PIB a una participación del 11% en la actualidad. La financiarización de la economía, la privatización de los servicios públicos y el mayor peso del sector financiero son hechos evidentes. Recordemos que también dentro de la estructura tributaria el sector financiero es uno de los sectores que menor tarifa efectiva paga, pues tiene más beneficios tributarios.

Otra consecuencia de la aplicación del modelo neoliberal en Colombia es que se ha tercerizado la estructura productiva, cada vez el PIB depende más del comportamiento de los servicios de baja productividad y del gasto público. De la composición del producto interno bruto de Colombia en 2025 el 72% proviene del sector servicios, las actividades artísticas, el comercio y la administración pública fueron los principales jalonadores del crecimiento económico. Cuando miramos las actividades secundarias dentro de las cuales están las actividades de construcción y toda la manufactura lo que observamos es que hay unos retrocesos importantes en la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, y en varias actividades de la manufactura. Al analizar los resultados de la encuesta mensual manufacturera el año pasado 26 de 39 actividades manufactureras están en niveles de producción, ventas y empleo inferiores a los que teníamos antes de la pandemia.

Dentro de las actividades primarias, por la política del gobierno, ha habido una reducción importante en el crecimiento de la explotación de minas y canteras del sector de hidrocarburos, y en agricultura un crecimiento impulsado sobre todo por los precios internacionales favorables en nuestros principales productos de exportación tales como el café y el banano. En el sector agrícola se han abierto algunos nuevos mercados con exportaciones todavía pequeñas de otros frutos tropicales

En términos fiscales, tras 30 años de neoliberalismo en Colombia, en la distribución del presupuesto para el año 2025, el 21,5% del presupuesto se fue para el pago de servicio de deuda, luego los rubros en donde más se gasta Colombia en su presupuesto son educación que representa un 13% y salud un 12%. Colombia no está dedicando recursos suficientes para algo que se necesita para salir de la trampa de la deuda que es invertir en la capacidad productiva y de generación de valor agregado de la economía colombiana.

Cambiar el modelo para modificar la situación no se puede lograr en el corto plazo y lo más importante es que requiere de un acuerdo nacional que nos permita articular todas las herramientas de política económica en función de mejorar y de corregir estos fenómenos del modelo neoliberal, es decir, de corregir la reprimarización de la economía y revertir el proceso de desindustrialización. Para poder salir de la trampa de la deuda habría que hacer una reforma tributaria de corte estructural y de largo plazo. En Colombia hay una fuga muy importante de recursos en el sistema: los beneficios tributarios. Pero desmontarlos es una tarea que no se puede lograr si no se hace un acuerdo social para revisarlos, evaluarlos y cambiarlos. Honduras, por ejemplo, planteó una ventana de entre 10 y 20 años para mantener los beneficios que tiene actualmente pero establecer unos mecanismos de evaluación que le permitirán, pasado el plazo, decidir cuáles beneficios se acaban, qué zonas especiales van a empezar a pagar impuestos, etcétera.

En Colombia lo que dicen los estudios sobre beneficios tributarios es que no hay un cálculo completo de cuántos hay, porque se han introducido beneficios no solo a través de reformas tributarias sino a través de toda la legislación colombiana, en la política laboral, en la política social, en la política energética, entre otros. Rastrear las erosiones que tenemos del recaudo tributario es una tarea necesaria en la que el país no ha tenido avances significativos y debería ser uno de los objetivos centrales de un gobierno que quiera empezar a atender esto de forma estructural. En la racionalización de los beneficios tributarios, en la lucha contra el contrabando y en la evasión, Colombia está perdiendo más de COP $160 billones, más de 8 reformas tributarias al año por ese tipo de fenómenos que no hemos podido controlar.

Dentro de los cambios que debemos hacer está lograr una mejor planeación presupuestal. Expertos y exfuncionarios, incluso de este gobierno, como Jorge Iván González, han planteado la necesidad de que Colombia haga un uso más eficiente de sus recursos y desarrolle una planeación centrada en grandes apuestas estratégicas. La idea es reunir los recursos que genera la nación para impulsar dos, tres o cuatro grandes propuestas de desarrollo regional que permitan aumentar la capacidad de generación de riqueza de la economía.

Colombia tiene un PIB per cápita de 7.000 dólares, cerca de 10 veces menos que el de varios de sus principales competidores en el comercio internacional. Para hacerse una idea de lo reducido de esa cifra, Bogotá tiene un PIB per cápita cercano a los 15.000 dólares y, aun así, no hay una sola localidad que no presente fenómenos de hambre. Ni siquiera con ese nivel de ingreso Bogotá ha logrado resolver el problema alimentario, porque muchas familias siguen sin contar con recursos suficientes para comer tres veces al día. Hay localidades donde este indicador alcanza a cuatro o cinco de cada diez personas, mientras que en las zonas de mayores ingresos los indicadores son menores a una de cada diez personas. Sin embargo, el fenómeno sigue presente en toda la ciudad y es un problema que no hemos podido resolver.

Por eso, la capacidad de generación de riqueza es importante, así como también lo es dar una discusión en el contexto internacional sobre un sistema y una estructura financiera mucho más justos, que tengan en cuenta las realidades y necesidades de nuestras economías para poder desarrollarse.

Como balance, diría que en Colombia hay un hecho concreto: la deuda se sigue incrementando. En los últimos cuatro años, el cálculo que se está manejando es que ha aumentado entre 400 y 430 billones de pesos. Lo preocupante es que ese endeudamiento se está adquiriendo a tasas de interés más altas, concentrando buena parte de los pagos en el corto y mediano plazo, y generando preocupaciones sobre su sostenibilidad, porque la capacidad de crecimiento de la economía sigue siendo insuficiente frente a las necesidades de gasto social y de inversión.

También es importante señalar una situación crítica, que ya mencionaba Soledad: el presupuesto destinado a inversión es inferior al presupuesto destinado al pago de intereses de deuda. Así es imposible salir de la trampa en la que estamos. Si no generamos una inversión importante en sectores estratégicos, en el desarrollo de capacidades de producción, ciencia, tecnología e innovación, y en conectarnos con cadenas globales de valor en eslabones más avanzados y no únicamente como abastecedores de materias primas, vamos a seguir atrapados en la dificultad de consumir más de lo que producimos. Y cuando una economía consume más de lo que produce, la única solución que tiene para cubrir sus necesidades es endeudarse. Esa es la crisis y la situación en la que estamos.

Respuestas a preguntas del público

Quisiera hacer algunos comentarios sobre los elementos que se han mencionado respecto a la experiencia de Colombia, y enlazarlos con el papel del Banco de la República y la regla fiscal.

Sobre la experiencia que estamos teniendo en Colombia, señalaría varios elementos. Lo primero es que, como dije en mi presentación, una de las tareas que tenemos es articular todas las herramientas de política pública en un mismo objetivo. ¿Cuál es el problema? Que muchas políticas van por separado. Dentro de eso está la independencia del Banco de la República, que es una reforma propia del modelo neoliberal y que terminó quitándonos soberanía sobre la política monetaria y cambiaria del país, herramientas fundamentales para darle competitividad a nuestras empresas, generar empleo y sostener los ingresos. Por eso el debate actual sobre el papel del Banco de la República y la política monetaria en Colombia es tan importante. Es clave que recuperemos el control de la política monetaria y que la usemos de manera articulada con el resto de la política económica, en función de objetivos claros y específicos.

Ahora, ¿qué más nos deja esta experiencia? Un choque institucional supremamente fuerte. El gobierno no fue capaz de generar consensos en varios de estos temas: en el manejo de la política monetaria, en las reformas sociales y en varias de las políticas que ha desarrollado. También creo que se quedó corto en algunos ajustes fiscales que debían hacerse. Por ejemplo, introducir una tarifa diferencial en el impuesto de renta para empresas.

En Colombia, las micro y pequeñas empresas pagan tarifas cercanas al 28% o 30%, mientras que las grandes empresas, que representan menos del 1% del total, pagan tarifas del orden del 15% o 18%. Esa desigualdad tributaria es uno de los fenómenos estructurales que debemos corregir para tener un sistema tributario progresivo.

Entiendo el énfasis que hace Soledad sobre la necesidad de orientar la política económica hacia objetivos de justicia social, pero también creo que es importante manejar la política macroeconómica sobre la base de promover la creación de nueva riqueza. Y sobre eso, en Colombia no se ha logrado construir un acuerdo social.

La visión del gobierno de renunciar al petróleo y al carbón es una visión que no todos compartimos. El petróleo y el carbón han sido parte fundamental de la vida moderna y todos los países los han utilizado para desarrollar sus capacidades productivas. Para llegar a nuevas tecnologías y a fuentes renovables menos costosas ambiental y socialmente, las naciones han tenido que explotar recursos, transformarlos y mejorar cada vez más esos procesos.

China, por ejemplo, que hoy es la fábrica del mundo, lleva 40 años desarrollando sus capacidades productivas para ofrecer opciones de abastecimiento energético mucho más limpias que la quema de combustibles fósiles.

Además, el petróleo y el carbón no son solo combustibles para los vehículos. Son insumos básicos para prácticamente todo, incluida la producción de alimentos y fertilizantes, que permiten hacer un uso más eficiente de la tierra. Por eso, el debate de renunciar de golpe a uno de los pocos activos que dejó el modelo neoliberal en Colombia es socialmente muy costoso y, de alguna manera, representa un salto al vacío.

Hoy el debate sobre transición energética apunta a que los países no deben sustituir unas fuentes por otras, sino hacer un proceso de agregación de fuentes. Es decir, a la matriz eléctrica que ya es 80% limpia gracias a la hidroelectricidad, y a la matriz energética que es cerca de un 18% o 20% limpia, debemos agregarle progresivamente más fuentes renovables, pero no eliminar abruptamente las existentes, porque eso tiene un costo social importante.

De la experiencia de Colombia resalto entonces varios elementos. Primero, la necesidad de que nuestros países logren acuerdos nacionales amplios para definir objetivos de desarrollo específicos. Puede que esos objetivos no solucionen todas las brechas históricas, pero sí pueden ayudarnos a avanzar con pasos concretos y correctos para mejorar la capacidad de generación de riqueza y resolver problemas sociales graves.

También debemos generar acuerdos sobre las reglas fiscales. Las reglas fiscales, en sí mismas, no son malas. Una sociedad necesita mecanismos de evaluación, seguimiento y control sobre el manejo de la política fiscal. El problema es que las reglas actuales funcionan muchas veces como mecanismos de coerción impuestos por el sistema financiero internacional y deben ser reformadas. ¿Quién define que Colombia solo puede endeudarse al 60% o 70%? ¿Por qué no al 80% o al 90%? Hay economías mucho más ricas que deben una o dos veces su PIB y reciben un tratamiento diferencial. Esos debates debemos darlos.

Pero insisto en que, mientras no logremos un consenso nacional, vamos a seguir en el desorden institucional que hoy genera incertidumbre jurídica y económica, y que no resuelve sino que agrava los problemas estructurales.

La inflación, por ejemplo, está generando preocupación porque se frenó la caída que venía registrando en los últimos años. Estamos proyectando pasar de una inflación del 5%, con la que cerramos el año pasado, a una inflación cercana al 7%, que podría agravarse por el contexto internacional.

Y si el Banco de la República mantiene una política monetaria ortodoxa, concentrada únicamente en controlar la inflación, vamos a enfrentar tasas de interés más altas y seguiremos atrapados en este ciclo de deuda.

Sobre el cambio de deuda por clima y, como decía Soledad, estos mecanismos implican algún grado de pérdida de soberanía. Debemos luchar por condiciones más favorables dentro del sistema financiero internacional, pero también entender que la voluntad de ese sistema es extraer la mayor cantidad de rentas posible.

Por eso veo difícil que, en el corto y mediano plazo, logremos condiciones internacionales mucho más favorables, especialmente por el contexto global de división y estancamiento de las organizaciones multilaterales. América Latina está completamente dividida. Ya no existen las condiciones de hace 10 o 15 años, cuando había una ola de gobiernos progresistas planteando cuestionamientos importantes frente al modelo dominante y a la hegemonía de Estados Unidos.

Hoy vivimos en un mundo distinto, donde resurgen las derechas, los nacionalismos, el proteccionismo y nuevos debates sobre el libre comercio y las reglas financieras internacionales. Ese es el contexto en el que nos vamos a mover. Por eso las decisiones nacionales, ojalá articuladas y enfocadas en proteger la economía, generar ingresos, capturar las fugas de recursos y distribuirlos de la mejor manera posible para resolver los problemas sociales y avanzar en el desarrollo, son fundamentales.

Finalmente, quisiera hacer un comentario sobre el Fondo Monetario Internacional. Me preocupa que esta espiral de deuda que estamos viviendo, y sobre la cual el propio FMI ya ha advertido para las economías emergentes, nos lleve en el corto o mediano plazo a enfrentar presiones tan fuertes en el pago de intereses y amortizaciones que terminemos obligados a refinanciar la deuda.

En Colombia habíamos venido dependiendo menos de los organismos internacionales y más de la deuda interna, pero existe el riesgo de que terminemos nuevamente golpeando la puerta del FMI para pedir recursos con los cuales refinanciar deuda, quedando otra vez atados a sus condicionamientos. Tenemos una situación compleja en el manejo de la deuda y, si no se aborda adecuadamente, podríamos entrar en una nueva fase de dependencia y ajustes estructurales impuestos por estos organismos internacionales.

 

Fuente: Centro de Estudios del Trabajo (Cedetrabajo).

Entradas relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *